Las mujeres y los autónomos los más perjudicados
La pérdida de pensión podría ser de hasta un 8,6%
En un documento de la Comisión Europea aparece el aumento del periodo de cálculo de la pensión entre los compromisos que España ha de cumplir para recibir los fondos europeos y entre ellos se fija para finales de 2022 la “entrada en vigor del ajuste del periodo de cómputo, alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación”, según aparece en el escrito de la Comisión
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Si se amplía el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a los 35 años, la mayoría de trabajadores perderán entre un 5% y un 15% de su futura pensión, pero algunos saldrían ganando.
Aunque el ministro Escrivá ha desmentido que la UE haya pedido a España alargar el periodo de cálculo de las pensiones, lo cierto es que el Plan de Recuperación enviado a Bruselas sí incluía una medida en esa dirección, cuando se plantea “adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación”.
La ampliación del periodo de cálculo se va a hacer, sí o sí, pues hay muchos millones de Europa en juego. De hecho el ministro ya presentó esta propuesta en la mesa de diálogo social, con unos informes que estimaban una bajada media de la pensión de entre un 4% y un 6%. La propuesta encontró una oposición frontal de los sindicatos y tuvo que retirarla.
En el Plan aprobado por Bruselas se explicaba que “esta medida aumenta el carácter contributivo del sistema pero puede tener efectos negativos, por eso es importante complementarla con medidas que modulan sus efectos como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización”. Efectivamente, esos puntos son los que tendrán que pulirse antes de que acabe el plazo comprometido para aplicar la medida, a finales de 2022.
Ampliar sin más el número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión es un recorte en toda regla para la gran mayoría de trabajadores. Actualmente se tienen en cuenta los últimos 25 años de cotizaciones. Estos últimos años suelen ser los mejores, ya que los sueldos son más elevados y se cotiza más. A más cotización, más base reguladora y más pensión final.
Si el cálculo se remonta a los 35 años la base de cotización baja, ya que en los primeros años de la vida laboral los sueldos y las cotizaciones suelen ser menores, y por lo tanto la pensión es más baja.
ALGO DE LA HISTORIA RECIENTE
Todo empezó cuando, en diciembre de 2020, Escrivá introdujo en el circuito interno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE), que preside Calviño, un documento como borrador del Plan de Reformas, que debía enviarse a Bruselas con la reforma de las pensiones, que era claro: el texto planteaba un aumento del periodo de cómputo de 25 a 35 años y calculaba el ahorro que eso supondría en el gasto total de pensiones: un 5,45% de reducción media. En un segundo borrador, que envió la siguiente semana a la CDGAE, los técnicos de Seguridad Social afinaban el cálculo y elevaban esa reducción “de la pensión media inicial” a un 6,3%.
El texto explicaba claramente que todas las ampliaciones del periodo de cómputo, desde los dos años que estaban vigentes en los ochenta hasta los 25 actuales, han supuesto reducciones del dinero que potencialmente habrían recibido los pensionistas de no haberlo aumentado. Aunque hay excepciones de jubilados a los que podría beneficiarles una ampliación así, la media general baja, y ese es el principal motivo por el que se plantea una reforma de este tipo. Por eso, en el texto que estaba preparado como borrador para enviarlo a Bruselas, el ministerio de Escrivá señalaba que la última reforma de 2011, que elevó el periodo de cómputo de 15 a 25 años, está afectando, por ejemplo, al 52% de los pensionistas que se dieron de alta en 2019 con una reducción media de la cuantía de un 3,9%.
Cuando este documento llegó a Unidas Podemos, el socio de la coalición se indignó ante una medida que ni está en el Pacto de Toledo ni había sido pactado en el acuerdo de Gobierno. También los sindicatos se molestaron por algo que Escrivá nunca llegó a explicar. Así que, en la siguiente versión que se envió a la CDGAE, desapareció por completo esta referencia al aumento a los 35 años, y quedó una mención muy genérica, que es la que se envió a Bruselas, sobre el aumento del periodo de cómputo con la posibilidad de que cada pensionista elija sus mejores años.
Después de conocerse la nueva redacción pactada con Bruselas, tanto en Unidas Podemos como en los sindicatos temen que Escrivá quiera recuperar la idea inicial, aunque sería complicado porque hay poco espacio político en el Congreso para aprobar una ampliación sin más del periodo de cómputo a 35 años.
Tanto en Unidas Podemos como los sindicatos y también algunos sectores del PSOE, que recelan de esta posible reforma, señalan que hay un año entero para negociarla y aseguran que habrá que hacer un paquete global en el que sí se podría alcanzar un pacto como el de 2011, pero a cambio de que el Ejecutivo concediera cuestiones que defienden los sindicatos y sectores progresistas como el aumento de las cotizaciones de los sueldos más altos, que ahora están muy limitadas como también lo están las pensiones máximas, en un sistema que es más igualitario que el de otros países a la hora del pago pero también menos redistributivo a la hora del ingreso.
En UGT consideran que esta alteración afectaría a los jubilados “más negativamente que a favor”, aunque aseguran que ni siquiera es una medida que esté sobre la mesa. “Tenemos un calendario de reuniones y temas a tratar hasta julio de 2022, y no está programado en ningún momento”. La negativa a negociar esta cuestión tampoco entra dentro de la hoja de ruta de CC OO. “No se ha hablado ni una sola palabra hasta el momento. En los próximos meses en la segunda fase de la negociación las prioridades son la cotización por ingresos reales de las bases máximas de cotización, aumentar las pensiones mínimas y reducir la brecha de género”, asevera Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protección social de CC OO.
GANADORES
Quien menos pensión perdería si se amplía el periodo de cálculo son aquellos que han perdido su trabajo al final de su vida laboral. En algunos casos incluso saldrían beneficiados, ya que se contabilizarían años con mejores cotizaciones que las de los últimos años de sus carreras, donde han cotizado poco o nada.
Tampoco saldrían mal parados aquellos que no han mejorado su sueldo a lo largo de su carrera laboral, o han tenido vaivenes en los salarios.
Para los trabajadores que cotizan siempre por bases mínimas o bases máximas, así como todos aquellos cuyos salarios suelen revalorizarse de acuerdo con la evolución de la inflación, se trata de una medida neutra, esto es, la pensión ni mejora ni empeora.
Según un estudio de las universidades de Valencia y Extremadura que ha analizado qué ocurriría si se ampliara el periodo de cálculo de los 25 años actuales a 35 años, saldrían perdiendo el resto de trabajadores.
PERDEDORES
Los más perjudicados serían los autónomos, pues la inmensa mayoría cotizan por las bases mínimas durante los periodos más alejados de la edad de jubilación; y las mujeres, porque presentan mayores lagunas de cotización en los primeros años de su vida laboral debido a la excedencia para el cuidado de hijos.
Para los autores del estudio, ampliar el periodo de cómputo de 25 a 35 años supondría una bajada media de pensión del 8,8%, muy por encima de la estimada por el Gobierno en sus informes.
Además, las carreras cortas (menos de 31 años cotizados) verían disminuir su base reguladora en un 14,9%, frente a carreras largas (más de 43 años y 8 meses cotizados) que sufrirían la mitad de reducción (7,5%). Las mujeres, que presentan carreras laborales más cortas, estarían más afectadas por el cambio, pudiendo producirse una discriminación indirecta por razón de género.
Los autónomos sufrirían una reducción del 10,3% de la pensión, y saldrían más perjudicados que los trabajadores del régimen general ya que en el régimen de autónomos no se integran las lagunas de cotización, es decir, los meses no cotizados computan con cero, penalizando el valor de la base reguladora.
Por último, según este estudio los efectos también serían distintos según la edad de jubilación. El impacto sería grande en las jubilaciones demoradas, con una reducción del 11,6%; y las jubilaciones anticipadas perderían un 7,9%.
Según Enrique Devesa, profesor de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), autor del estudio mencionado, ampliar el periodo de cómputo de 25 a 35 años supondría “una disminución del 8,8%” en la pensión final. Por encima del 6,3% que había calculado inicialmente Seguridad Social, y que después rebajó al 5,45%
El problema para aquellos con trayectorias cortas radica, según Devesa, en que para alcanzar ese cómputo de 35 años sería necesario rellenar las denominadas lagunas de cotización (los años no trabajados), y para ello se rellenan con la base mínima (o el 50% una vez cubiertos determinados meses). “A ellos la pensión final se les podría rebajar hasta en un 14,9%”, concreta Devesa. En sus estudios, realizados a partir de la muestra continua de vidas laborales (MCVL) de 2019 ―“y cuyos resultados apenas habrán sufrido alteraciones en 2020″, incide el académico―, también se determina que ante una hipotética subida las mujeres pensionistas resultarían más afectadas (su merma sería del 10,3%) que los hombres (-7,9%). “Los trabajadores autónomos serían otro nicho de afectados porque tradicionalmente suelen cotizar por una base muy baja y en el menor número de años posible”, remacha Devesa.
Un aspecto positivo de la propuesta es que contribuirá a recortar el gasto en pensiones, que ya ronda el 12 por ciento del PIB, y a reducir el déficit de la Seguridad Social, que alcanzó los 14.979,85 millones de euros a cierre de 2020, el equivalente al 1,36 por ciento del PIB. También Enrique Devesa considera que sería una buena medida para la Seguridad Social, pero “el efecto acumulativo que se produciría sería lento: en 2050 el ahorro estimado sería del 0,88 por ciento del PIB”. Lo cierto es que en una comparativa internacional el periodo de cálculo de la pensión de jubilación en España es bastante reducido.
