Asistencia jurídica gratuita

El artículo 119 de la CE dispone que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.” El derecho a la gratuidad de la justicia de quien carece de los recursos suficientes ha sido desarrollado por la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, así como por los distintos reglamentos en desarrollo.

La concesión del beneficio de justicia gratuita da derecho al ciudadano, entre otros contenidos, al nombramiento de un abogado de oficio que estudie su pretensión y, en su caso, la defienda en el procedimiento judicial. La gestión de este servicio está encomendada a los Colegios de Abogados. El turno de oficio es el sistema a través del cual los Colegios proceden a designar abogado a quienes necesitan defensa jurídica, pero los servicios que son prestados por estos letrados sólo serán gratuitos, para quienes acrediten que carecen de recursos económicos.

¿Quién tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita?

En el orden jurisdiccional social, con independencia de sus recursos, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita los trabajadores y beneficiarios del sistema de la seguridad social, tanto para la defensa en juicio como para la efectividad de sus derechos laborales en los procedimientos concursales.

Además de personas jurídicas especiales (Asociaciones de utilidad pública) tienen este derecho en otras jurisdicciones diferentes a la social las personas físicas cuyos ingresos económicos brutos, en cómputo anual y por unidad familiar, no superen:

  • Unipersonal: hasta 2 x IPREM (15.039,18 € en 2019)
  • Unidad Familiar con 3 miembros máximo: 2,5 x IPREM (18.798,98 €)
  • Unidad Familiar con 4 o más miembros o Familia Numerosa: 3 x IPREM (22.558,77 €)
  • Circunstancias excepcionales (*): 5 x IPREM (37.597,95 €)

*Excepcionalmente, podrá reconocerse el derecho a personas cuyos ingresos superen la cantidad anual bruta de 37.653,00 € (quíntuplo del IPREM) en atención a las circunstancias de familia del solicitante

Las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, en aquellos procesos que tengan vinculación de su condición de víctimas, así como los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Las personas quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

Donde solicitarlo

  • Servicio de Orientación Juridica del Colegio de Abogados correspondiente al domicilio del solicitante.
  • Juzgado del domicilio del solicitante, que lo remitirá al Colegio de Abogados para su tramitación.
  • Juzgado en el que se tramita el procedimiento judicial, que lo remitirá al Colegio de Abogados para su tramitación.

Documentación necesaria

Acreditativa de sus circunstancias personales y familiares:

  • Copia del DNI/NIE o PASAPORTE, del solicitante, cónyuge o pareja de hecho.
  • Copia del libro de familia.
  • Copia de la Sentencia de divorcio o separación.
  • Certificado de inscripción de la pareja de hecho.

Acreditativa de sus circunstancias económicas:

  • Trabajadores por cuenta ajena: Certificado de la Empresa donde se haga constar el salario anual bruto y fotocopia de las cuatro últimas nóminas. 
  • Trabajadores por cuenta propia: Fotocopia últimas declaraciones trimestrales IVA e IRPF y resumen anual.
  • Desempleados: Certificado expedido por el Instituto Nacional de Empleo en el que conste el periodo de desempleo y percepción de subsidios, indicando la cuantía mensual. 
  • Pensionistas: Certificado expedido por el Organismo Público o Privado que abone la pensión, donde conste el importe mensual.

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y sin marcas de agua

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