A VUELTAS CON EL EMPLEO DEL HOGAR

 

Empleo del hogar: la actividad laboral más precaria y con más derechos sin garantizar

El 30 de marzo se reivindica el Día Intencional de las Trabajadoras del Hogar y estas son las reivindicaciones laborales principales que se necesitan alcanzar en este colectivo.

 

Algunos datos

Precariedad, soledad, inseguridad. Son algunos de los adjetivos que definen el trabajo del hogar. Un trabajo vital que está desarrollado mayoritariamente por mujeres inmigrantes con el papel de asumir en su totalidad unas necesidades sociales que debería proveer las Administraciones con dinero público. Es una reivindicación que el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar se vuelven a poner en la palestra.

 

En 2022, se contabilizaron un total de 1.672.000 empleos de trabajo de hogar en la Unión Europea, de los que el 31% (520.100) correspondían a España. Es, de hecho, junto a Italia, el país que más cuenta con estas trabajadoras. Y no es algo casual porque está demostrado que a más cuidados profesionalizados, menos trabajo doméstico.

 

España, como otros Estados miembros, está utilizando el trabajo doméstico para cubrir necesidades sociales que deberían ser provistas por las Administraciones Públicas con cuidados profesionalizados. Este papel lo asumen las empleadas del hogar, en femenino, porque de las 371.918 personas que había afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar (SEEH) en febrero de 2024, 355.366 (el 96%) eran mujeres. De ellas, 159.700 son mujeres de nacionalidad extranjera, el 45%.

 

Una actividad laboral precaria

El trabajo del hogar está marcado por una gran precariedad. En primer lugar, el 58,2% de las personas ocupadas en este sector, según datos del último trimestre de 2023, trabajaba a tiempo parcial, que es el porcentaje de parcialidad más alto de las ramas de actividad. Pero, además, es la actividad con el salario bruto mensual más bajo, siendo de 981 euros, un 54% por debajo del salario medio bruto total.

 

Esta precariedad también se refleja en el importe de las pensiones de jubilación del Sistema Especial de Empleados de hogar, que es el más bajo a excepción de las pensiones SOVI. Aquí destacan las diferencias entre hombres y mujeres, porque de los 603,36 euros mensuales de media que cobran ellos, las mujeres perciben 571,18 euros mensuales.

 

Otro dato a destacar es que en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, el 18% de las mujeres afiliadas tienen más de 60 años, frente al 7% del Régimen General. Esto es importante resaltarlo debido a las duras condiciones en las que se desempeña el trabajo de hogar, con un alta carga física y emocional.

 

Reivindicaciones laborales

Los derechos laborales que quedan por alcanzar para este colectivo son una muestra de que, pese a los avances, sigue siendo una actividad no solo con indicadores de precariedad, sino con elementos que la separan del resto de trabajadoras y trabajadores.

 

El empleo irregular, el abuso de la situación de necesidad y vulnerabilidad de trabajadoras generalmente migrantes, o la realidad de que es uno de los sectores más preeminentes en materia de trata de seres humanos y trabajo forzoso, hacen pensar por qué las mejoras avanzan tan lento para estas trabajadoras.

 

Se pueden enumerar una serie de elementos que se deben alcanzar para este colectivo, poniendo de manifiesto que el pasado 29 de febrero entró  en vigor para España el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, por el que se tendría que haber aprobado ya una medida tan necesaria para estas empleadas como es la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Junto a esta, se suman las siguientes reivindicaciones:

  • Una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.
  • Medidas relativas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
  • Intervención y actuación en este sector de agencias de colocación y plataformas digitales.
  • El trabajo interno y las horas de presencia.
  • Una nueva definición de las tareas que pueden realizarse en el marco de esta actividad, para excluir que pueda ser utilizada para cubrir puestos de cuidados profesionalizados.
  • La evaluación de las bonificaciones a la parte empleadora en la cotización al Sistema Especial de Empleados de Hogar que en el Real Decreto Ley 16/2022 se prevé para octubre de este año.

 

¿Empresario o empleador?

A menudo se confunden las figuras del empleador y del empresario, por lo que es habitual utilizar ambos términos de manera indistinta. Sin embargo, hablamos de conceptos diferentes.

 

Leyendo el artículo uno del Estatuto de los Trabajadores se indica lo siguiente: “La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”. Pero posteriormente olvida el término de “empleador”

 

Aunque el Estatuto de los Trabajadores, defina igualmente al empleador y al empresario, al igual que lo hace el propio diccionario de la Real Academia, pues tampoco hace distingo alguno, lo cierto es que sí que hay diferencia abismal.

 

Hay algo ante lo cual ambos son iguales, que es en la obligación del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social, así como de las tributarias, mercantiles, etc.,

 

El término empresario está ligado al inversor y al emprendedor de negocios que busca de una rentabilidad y para ello evidentemente, aparte de recursos económicos y materiales, emplea igualmente recursos humanos. Sin embargo, el empleador a diferencia de aquel da ocupación a trabajadores que colaboran con él y le asisten en sus necesidades que no tienen por que ser en busca de una rentabilidad de ese apoyo. Esa es la diferencia fundamenta entre “empresario” (aunque sea un empresario individual o incluso un autónomo con trabajadores a los que contrata) y el puro y duro empleador (de servicios del hogar, de servicios de asistencia,…)

 

Medidas sobre la ITSS

El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, quiere que las personas que contraten empleadas del hogar tengan la obligación de evaluar los riesgos laborales de sus casas, que son el centro de trabajo de estas trabajadoras. Es lo que se recoge en el real decreto con el que darán cumplimiento a la ratificación del Convenio 189, que deberían haber resuelto este mismo mes de marzo y que, por tanto, llegará con retraso a este colectivo, a pesar de lo mucho que han reivindicado la importancia de una normativa que recoja su prevención de riesgos laborales.

 

Según se recoge en el borrador el ministerio va a elaborar una herramienta para facilitar “el cumplimiento de las obligaciones requeridas”, que será online y gratuita. De ese modo, la evaluación de riesgos no se va a llevar a cabo por una empresa especializada, dejando esta opción a voluntad de los particulares, con lo que evitan las posibles críticas que podría haber levantado esta obligatoriedad por la carga económica. Lo que no se especifica es cada cuánto tiempo se tendrán que realizar estas evaluaciones.

 

En la normativa, también se va a recoger que los empleadores proporcionen medidas de protección adecuadas y el derecho de las trabajadoras domésticas a recibir formación en riesgos laborales (a cargo del empleador, preferiblemente en la jornada de trabajo y si, no, tendrá que compensarse con descansos) y realizarse reconocimientos médicos, que se harán cada tres años a cargo del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, Trabajo tendría pensado elaborar un protocolo frente a situaciones de violencia y acoso sexual, que se presentaría en un plazo de 10 meses. Esto es, no se aplicaría ‘ipso facto’.

 

Esta evaluación no se podría exigir hasta 16 semanas después de su aprobación, por lo que se dejaría un gran margen de tiempo para desarrollarla. Un plazo que, en contrapartida, perjudica a estas trabajadoras, que tardarían más de un año en ver materializado este derecho.

 

En el decreto, también se aborda el tema de las visitas a los domicilios, el punto más controvertido de la prevención de riesgos de las empleadas del hogar y el más complejo para su desarrollo. En este sentido, el texto recoge que “es necesario que se atienda la necesidad de asegurar que se llevan a cabo visitas presenciales a los domicilios donde se lleva a cabo la actividad de cuidado a efectos de que se produzca la adecuada evaluación de riesgos laborales”. No obstante, no se articula una vía para que la Inspección de Trabajo pueda realizar estas visitas presenciales, debido a que el domicilio, aunque supone el centro de trabajo de estas empleadas, es un espacio personal inviolable.

 

El borrador del decreto también detalla que, en caso de que se reconozcan riesgos, los empleadores tendrán que proporcionar los “equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones”, que deberán ofrecer de forma gratuita  alas trabajadoras “reponiéndolos cuando resulte preciso”. También se recoge el derecho de las empleadas del hogar a interrumpir su actividad laboral si observan riesgos y no sufrir perjuicio alguno por ello.

 

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