La prestación por hijo a cargo para familias en situación de pobreza (coloquialmente “los puntos”) ha sido integrada por la Seguridad Social dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a partir del 1 de enero de 2021 ya no será posible solicitarla, por lo que muchas familias que recibían esta prestación deberán pedir ahora el IMV para recibir una ayuda económica.
Se trata de una medida que ha causado polémica y que ha sido criticada por algunas ONG (Save the children) debido al riesgo de que familias con pocos ingresos que antes recibían la prestación por hijo a cargo ahora no cumplan los requisitos necesarios para acceder al IMV y en consecuencia se queden también sin acceso a esa prestación que ya recibían. No tiene sentido que la prestación por hijo a cargo desaparezca, porque ambas ayudas no deben ser excluyentes, sino complementarias. La supresión decretada por el Gobierno aboca a que cientos de miles de familias que mañana podrían reunir los requisitos para acceder a la prestación por hijo a cargo, pero no para el IMV, se vean privadas de ambas ayudas.
España tiene un problema muy serio con la pobreza infantil: uno de cada cuatro niños, algo más de dos millones, vive en hogares que no tienen los recursos suficientes para llegar a fin de mes. Un millón y medio ni tan siquiera tienen recursos para cubrir sus necesidades más básicas, pues los ingresos del hogar no superan los 370 euros al mes. Si hablamos de hogares monoparentales, esta pobreza extrema supera el 70%.
Antes del estallido de la pandemia, España ya era el quinto país de la Unión Europea con más pobreza infantil, y se estima que la crisis sanitaria puede elevar el número de niños y niñas que viven en la pobreza hasta los tres millones.
Un estudio de Save the Children estima que estos gastos de crianza ascienden a los 479 € mensuales en el caso de niños y niñas menores de 3 años, y que van creciendo progresivamente hasta alcanzar los 588 € en el caso de adolescentes de 13 a 17 años. Unas cifras consideradas de mínimos, pero que, atendiendo a los ingresos de muchas familias, resultan directamente impensables.
Los datos del informe PISA que elabora periódicamente la OCDE son reveladores: en España, un alumno procedente de un hogar en situación de pobreza tiene cuatro veces más posibilidades de repetir curso
Una de las políticas a las que va destinada esa inversión en infancia es la asignación económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social, más conocida como “prestación por hijo a cargo” o “los puntos”. Una ayuda económica dirigida a hogares con hijos menores de edad cuyos ingresos anuales totales no superasen un determinado umbral, así como aquellos con hijos menores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o mayores de edad con un grado igual o superior al 65%, con independencia de sus recursos económicos. Más de 800.000 familias recibían esta prestación a junio de 2020.
Lejos de apostar por el refuerzo de esta prestación, el Gobierno ha optado por suprimirla por la vía de los hechos, mediante su “integración” en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), salvo en los casos donde el hijo tenga reconocida una discapacidad.
El Ejecutivo señala que los hogares que se beneficiaban de la prestación por hijo a cargo ahora pasarán a estar protegidos por el IMV, pero no es cierto. No lo es, en primer lugar, por la propia naturaleza de ambas prestaciones: el IMV busca garantizar las necesidades básicas de hogares en riesgo de exclusión social y la prestación por hijo a cargo es una medida relacionada con prestar un apoyo a las familias en la atención a los costes de la crianza. Ciertamente uno apoyo muy poco generoso ya que esta prestación era tan sólo de 28,42 €/mes por hijo, que podían elevarse hasta los 49 € en el caso de hogares en situación de especial vulnerabilidad.
VER: El INSS responde: Las 10 respuestas clave sobre la prestación familiar por hijo a cargo
